Palabras de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez” para el Encuentro

Las trabajadoras sexuales han sido y son objeto de desplazamientos forzados, por diversos programas de reordenamientos de los centros históricos, declaratorias de “pueblos mágicos”, zonas turísticas, entre otras razones. Han sido desplazadas por grupos de narcotraficantes, por la urbanización de las ciudades que se han comido a las “zonas de tolerancia” donde se ha autorizado el ejercicio del trabajo sexual. Han sido desplazadas por programas de reconstrucción posteriores a terremotos como el del 9 de septiembre de 1985 y a diferentes huracanes. También han sido desplazadas por presiones de defensores de la moral y las buenas costumbres. Desplazadas por conflictos como el de la APPO, entre otros más.

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[MESA: LAS GUERRAS DE DESPOJO: UN ESTADO DE EXCEPCIÓN PERMANENTE]

Por Elvira Madrid Romero y Jaime Montejo

Las trabajadoras sexuales en México han vivido en un estado de sitio permanente desde hace mucho tiempo. Han sido detenidas sin orden de aprehensión, generalmente por tener rostro conocido, sus hogares y lugares de trabajo son allanados sin orden de cateo.

En la época del dictador Porfirio Díaz, las trabajadoras sexuales trabajaban en haciendas y la película “Santa”, lo ejemplifica perfectamente; donde en muchas ocasiones vivían en la misma condición de servidumbre que otras y otros trabajadores de la época.

No pocas trabajadoras sexuales se sumaron a la “bola” en la revolución mexicana y algunas continuaron su servidumbre sexual en los cuarteles de “los federales” de ese momento.

Con la revolución mexicana se libera también la mano de obra de las trabajadoras sexuales de las haciendas y llegan a las ciudades donde se fundan verdaderos ghetos como la Merced en la Ciudad de México o San Juan de Dios e Guadalajara, Jalisco; donde se refundan condiciones de abuso laboral en calles y también en los cabaret que abrirían la puerta a rumberas y ficheras de la época en diferentes ciudades mexicanas.

En el pasado reciente, cuando la Dirección Federal de Seguridad (DFS) de la Secretaría de Gobernación, operó entre los años sesentas y 1985 en el que desaparece para convertirse en el CISEN.

Dicha Dirección Federación de Seguridad, detenía, desaparecía o asesinaba por igual a luchadores sociales, guerrilleros y trabajadoras sexuales.

Desde que la corona española autorizó la primera casa de mancebía en México en 1528 donde se ejercía el comercio sexual y después con el código higienista francés que trajo Maximiliano de Habsburgo al país en 1891, hasta la fecha; las trabajadoras sexuales han sido fichadas, sujetas a violencia policiaca permanente, condenadas a trabajar en la semi- clandestinidad y sus derechos laborales negados todo el tiempo.

Los ordenamientos jurídicos que han configurado un estado de sitio permanente entre trabajadoras sexuales, son los reglamentos de policía y buen gobierno que criminaliza su trabajo. Reglamentos municipales y estatales de salud que las responsabiliza y señala de ser las responsables de la propagación de infecciones de transmisión sexual como el VIH. Los códigos civiles, que en algunos estados como Chiapas, les quita la patria potestad de sus hijos e hijas menores de 12 años. La actual “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos”, que invisibiliza a este sector de la clase trabajadora y limita el reconocimiento de derechos laborales y obligaciones patronales. Las leyes de ingresos y egresos estatales y reglamentos municipales respectivos, que imponen altos costos al control sanitario y multas excesivas e inconstitucionales a este y otros sectores populares.

 

Las trabajadoras sexuales han sido y son objeto de desplazamientos forzados, por diversos programas de reordenamientos de los centros históricos, declaratorias de “pueblos mágicos”, zonas turísticas, entre otras razones. Han sido desplazadas por grupos de narcotraficantes, por la urbanización de las ciudades que se han comido a las “zonas de tolerancia” donde se ha autorizado el ejercicio del trabajo sexual. Han sido desplazadas por programas de reconstrucción posteriores a terremotos como el del 9 de septiembre de 1985 y a diferentes huracanes. También han sido desplazadas por presiones de defensores de la moral y las buenas costumbres. Desplazadas por conflictos como el de la APPO, entre otros más.

Como en cualquier estado de sitio, los horarios de circulación de las trabajadoras sexuales han sido afectados desde que la prostitucién se administra a la usanza de las casas de asignación españolas y luego de los perímetros autorizados por el imperio de Maximiliano en México.

La libertad de expresión de las trabajadoras sexuales ha sido anulada o limitada sustancialmente por gobernantes de turno o empresarios del sexo, con riesgo de ser sancionadas si expresan su palabra. Sanciones como ser golpeada, perder su lugar de trabajo, ser asesinada o que su familia sufre las consecuencias.

Todo el tiempo, ha habido toque de queda para las trabajadoras sexuales, que se ha recrudecido cuando se ha puesto de moda el combate a quienes regentean lugares donde ellas trabajan y que a la larga las perjudicadas han sido ellas y no tanto los dueños de los lugares donde se ganan la vida todos los días.

 

En este momento:

Partiendo de la situación señalada en los párrafos anteriores, podemos decir sin temor a equivocarnos que en este momento, el despojo es el eje conductor de los demás ejes de las ruedas del capitalismo que señala la sexta declaración de la selva lacandona del EZLN.

Se despoja a las trabajadoras sexuales de sus centros y lugares de trabajo en los centros históricos, se clausuran zonas de tolerancia, se condiciona el reconocimiento como trabajadoras no asalariadas obtenido con la sentencia 112/2013 del Poder Judicial de la Federación, a que se desplacen fuera de los lugares donde actualmente laboran.

La explotación que se institucionaliza con el cobro del control sanitario y muchas veces con la venta ilegal de condones y pruebas rápidas de detección de VIH y sífilis del sector salud, con altas multas que han sido consideradas por dependencias oficiales de derechos humanos como cuotas de extorsión; a la larga se configura como una forma de violencia económica que genera despojo a través de la extorsión y del cobro de derecho de piso.

La represión que se ejerce hacia las trabajadoras sexuales por cometer la falta administrativa de ganarse la vida utilizando su cuerpo o por no portar o tramitar documentos de control sanitario; es el pretexto ideal para realizar cobros de cuotas por parte de policías o inspectores de salud municipal o estatal según sea el caso que al final representan un despojo económico significativo.

El desprecio que se muestra al implantar pruebas de detección de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, al negarles la patria potestad de sus hijos e hijas menores de 12 años e imposibilitar el reconocimiento de sus derechos laborales, representa el despojo de su dignidad.

 

Ahora, el despojo más grave y más sistemático que viven las trabajadoras sexuales en este momento, es el despojo de su propia vida, a través de crémenes de odio y desapariciones como la de las 35 mujeres de Tamaulipas, de las que no se tienen ninguna noticia hasta la fecha.

El terremoto del 19 de septiembre de este año, ha sido un buen pretexto para no dejar laborar a trabajadoras sexuales transgénero en las calles de la calzada de Tlalpan de la colonia Ciudad Jardín de Coyoacán, Ciudad de México.

La reconstrucción, seguirá el camino de despojo de fuentes laborales de la vía pública y recrudecerán actitudes de odio hacia trabajadoras sexuales cisgénero y trans en los lugares donde los terremotos y huracanes hicieron estragos, sin importar la participación de este sector en las tareas de rescate y apoyo a damnificados por dichas tragedias.

Otro factor que se sumará al despojo en este momento, es el proceso electoral donde se elegirá a la persona que ocupe la presidencia de la república. Como en todas las campañas electorales sexenales, partidos políticos, asociaciones políticas nacionales, así como candidatas y candidatas utilizarán el gancho de prohibir o reducir a su mínima expresión la presencia de trabajadoras sexuales en las calles o de establecimientos mercantiles donde se presuma que hay comercio sexual para ganar votos y se obligará a quienes estén gobernando en ese momento a reprimir a las trabajadoras sexuales, ahora con un arma adicional: la ley general de trata y las acusaciones en ese sentido a quienes organicen de forma libre y voluntaria el trabajo sexual.

La campaña presidencial, será una excelente oportunidad para invisibilizar a las trabajadoras sexuales, criminalizar la organización de todo tipo de trabajo sexual y clamar por la prohibición del comercio sexual, a través de la penalización del cliente sexual. Además de acarrearlas a diferentes mítines de diferentes partidos políticos y candidatos/as de la clase política.

Recapitulando:

Los diferentes programas de reordenamiento del centro histórico de la Ciudad de México, han traído consigo las clausuras o cierres de más de 20 hoteles y lugares acondicionados para el trabajo sexual en la Merced entre 1995 y 2015, a través de amenazas a hoteleros o extinción de dominio. Sobreviven menos de 10 hoteles en la zona para que las trabajadoras sexuales a tiendan a sus clientes.

Los juegos panamericanos realizados en Guadalajara, Jalisco de 2011, provocaron clausura de hoteles, encarcelamiento de mujeres acusadas de explotar la prostitución ajena y persecución policíaca. El cierre de la zona de tolerancia, “Plaza 21” de Cancún, Quintana Roo en el año 2012, por la violencia de uno de los grupos de sicarios más terribles del narcotráfico, que afectó a dueños, trabajadoras sexuales, clientes y otros trabajadores, es un caso de despojo extremo.

Varias trabajadoras sexuales deciden reubicarse en el centro de Cancún en casas dúplex y el saldo fue de varias compañeras asesinadas por no pagar la cuota de extorsión de los sicarios y la muerte bajo fuego, al ser quemadas vivas en una de las casas y cerrados todas las posibles salidas el 23 de septiembre de 2014, fecha en la que en ese entonces se conmemoraba la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual. Todo esto, ante la mirada cómplice de policías federales, estatales y municipales que no hicieron nada para impedirlo.

Hay negocios que han sido clausurados en operativos anti-trata por órdenes de algún cartel en Guadalajara, Jalisco; Tapachula, Chiapas y Apizaco, Tlaxcala. Ese es el nuevo camino del despojo en México, a través de la violencia de la delincuencia organizada, frente a la cual las trabajadoras sexuales en su calidad de vecinas no residentes y quienes luchamos con ellas contra la represión sexual por un mundo del tamaño de nuestros sueños, deberemos cerrar filas con vecinos residentes para defendernos de esta ofensiva de muerte y mantenernos con vida.

 

(…continúa con participación oral)

 

 

 

 

 

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